Los tribunales de Córdoba dan la razón a la Iglesia sobre la catedral y sobre las inmatriculaciones
La instrucción del caso concluye que «todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad».
En ningún caso -indica el auto- se puede suponer la comisión de delitos penales por parte de las autoridades, funcionarios o la Diócesis de Córdoba. En este sentido, el auto del juez señala que la Mezquita fue adquirida por la Diócesis mediante donación del rey Fernando III en el año 1236 y, desde entonces, ha sido poseida de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño.
Asimismo, en relación con el Triunfo de San Rafael, según la asesoria jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, no existe ningun documento que acredite o sirva para acreditar que el monumento perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento de Córdoba. Como se aclara en el auto, el simple hecho de que se utilicen servicios públicos en su limpieza o adecentamiento no debe presuponer la titularidad de los bienes.
Satisfacción del Cabildo
El Cabildo de la Catedral de Córdoba se ha congratulado del auto judicial. En un comunicado remitido a este periódico, el Cabildo incide en que la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba se realizó «en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y ha sido supervisada por los registradores de la propiedad».
Y añade que la decisión «da la razón a los argumentos que el Cabildo viene defendiendo desde hace más de un año y corrobora que el titular del templo es la Iglesia desde hace ya casi 8 siglos mediante donación del Rey Fernando III en el año 1236 y desde entonces ha sido poseída de manera pública y pacífica y no interrumpida en concepto de dueño».
Por todo ello, el Cabildo confía en que, tras esta decisión de la Justicia, «se ponga fin a la polémica sobre la titularidad de la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita».
Por su parte, el edil en funciones Carlos Baquerín declaró que una vez que estudie la resolución judicial tiene «intención de recurrir», puesto que no está de acuerdo en que se archive y considera que «hay causa para que siga la instrucción». El concejal de UCOR añade que «dado el calado del asunto, este archivo disgusta».
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