Prejuicios anticatólicos (II)
Los problemas democráticos de la República empezaron el 11 de mayo de 1931, con la quema de conventos de Madrid, facilitada por la insensatez de Manuel Azaña, con su frase “Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano", según cuenta en su libro Así cayó Alfonso XIII don Miguel Maura, que era el ministro de Gobernación y al que Azaña impidió actuar.
El progresivo deterioro de la situación hizo que el gobierno republicano proclamase la Ley de Defensa de la República del 21-X-1931, en la que encontramos esta joya democrática: “Art. 1º. Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley: & VI. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras”. Es decir, no sólo mostrar una bandera bicolor, sino incluso llevar un pin con la bandera bicolor era un acto de agresión a la República. Por si acaso, recuerdo que esto se promulga a los muy pocos meses de instaurada la República, mucho antes del inicio de la Guerra Civil.
Otra Ley profundamente democrática, dicho evidentemente con ironía, fue la propia Constitución de la República Española del 9-XII-1931, que decía en su artículo 2: “Todos los españoles son iguales ante la Ley”, pero este artículo evidentemente democrático es seguido no mucho después por el “Artículo 26: Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado [los jesuitas, n.n.]. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos o docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases: 4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 6ª Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados”.
Nunca he entendido cómo unos señores que se supone entre ellos había personas de gran valía pudieron hacer un texto legislativo en el que estén a la vez el artículo 2 y el 26, y es que los políticos en aquella época y en la actual en nombre de la disciplina de Partido son capaces de las mayores sinvergonzadas. No puedo sino recordar el famoso precepto de Orwell en su libro Rebelión en la granja, cuando, al instaurarse la dictadura del cerdo Napoleón, el precepto “Todos los animales son iguales" se arregla así: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. El artículo 26 no sólo expulsa de España y envía al exilio a tres mil españoles, que no han cometido ningún delito, por el hecho de ser jesuitas o prepararse para serlo, sino que impide que otros muchos ciudadanos españoles pudiesen ejercer la industria, el comercio y la enseñanza. Como se trata aquí de una discriminación negativa, la frase de Orwell en este caso hubiese debido quedar así: “Todos los animales son iguales, pero algunos son menos iguales que otros”.
Y llegamos a 1934: sublevación de socialistas y separatistas catalanes contra el gobierno legítimo de la República. Una de dos: o la República no era tan democrática o los socialistas, separatistas catalanes y demás sublevados no eran democráticos. Pero las dos cosas a la vez, no. Por cierto, Largo Caballero, el jefe del PSOE en aqulla época afirmaba: “Nosotros profesamos el marxismo en toda su pureza” (23-IX-1933) y “la Democracia es incompatible con el Socialismo” (20-I-1936). Para reprimir la rebelión Franco fue llamado al Ministerio de la Guerra para ser uno de los directores de la lucha contra la sublevación y en favor del Gobierno republicano.
Para terminar voy a hacer una referencia a la política educativa: nadie niega que crear escuelas es importante y que en la España republicana quedaba mucha gente por escolarizar, con lo que está claro que había que aumentar el número de maestros. Pero no creo que lo más adecuado para ello fuese expulsar a los jesuitas e intentar prohibir a las órdenes religiosas la enseñanza. Aparte de que creo que un jesuita estaba mejor formado en líneas generales que un maestro, la enseñanza no se mejora expulsando a tantos profesores de sus centros de enseñanza. Claro está que los prejuicios ideológicos son tan fuertes en muchas ocasiones que hacen buena la frase de Unamuno sobre lo que sucedía en Francia en su época: “En Francia no se puede pensar libremente, hay que ser librepensador”.
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